La discusión por las tasas municipales volvió a explotar en Lincoln. Y esta vez no se trata de una pelea partidaria ni de una simple queja por aumentos. Lo que aparece sobre la mesa es una pregunta elemental que cualquier contribuyente tiene derecho a realizar cuando el Estado le exige cada vez más dinero: ¿qué se hace con los fondos recaudados? El planteo realizado por productores rurales a través de la cabaña Fortín Quieto pone el foco exactamente en ese punto. Después de incrementos que rondarían el 70% en el último año, los vecinos quieren saber cómo se calcula la tasa vial, cuánto dinero ingresa al municipio, qué obras se ejecutaron, cuáles están previstas y cuáles son los mecanismos de control sobre el mantenimiento de los caminos rurales. La reacción del gobierno municipal debería ser sencilla: mostrar los números. Sin embargo, cuando la transparencia debe ser reclamada mediante pedidos formales de acceso a la información pública y cuando incluso se anuncia la posibilidad de una acción judicial, el problema deja de ser únicamente económico para convertirse en político. Porque nadie discute que los caminos rurales requieren inversión permanente. Nadie discute que las máquinas cuestan dinero. Nadie discute que mantener una red vial extensa demanda recursos. Lo que se discute es otra cosa: si el dinero que aportan los contribuyentes está llegando efectivamente a los destinos para los cuales fue creado. La transparencia no debería ser una concesión de los gobiernos. Debería ser una obligación. Y aquí aparece una cuestión que trasciende a Lincoln. En toda la provincia de Buenos Aires las tasas municipales crecieron muy por encima de los ingresos de productores, comerciantes, jubilados y trabajadores. Mientras tanto, los reclamos por servicios deficientes continúan multiplicándose. Por eso resulta lógico que quienes pagan quieran conocer los números. Si el dinero está correctamente administrado, la documentación debería disipar cualquier duda. Pero cuando la información no aparece con claridad, inevitablemente comienzan las sospechas, los interrogantes y las especulaciones sobre posibles manejos discrecionales de recursos públicos. La gestión de Salvador Serenal enfrenta ahora una oportunidad. Puede transformar este conflicto en un ejercicio de transparencia institucional o puede optar por encerrarse detrás de formalismos burocráticos. Los productores ya hicieron su movimiento. Ahora le toca responder al Ejecutivo. Porque al final del día la discusión no es solamente sobre caminos rurales. Es sobre confianza pública. Y la confianza se construye mostrando los números, no pidiéndole fe a los contribuyentes.
Lincoln: Tasas, caminos rurales y una pregunta incómoda para Serenal: ¿ dónde está la plata?
