Las irregularidades administrativas suelen quedar ocultas entre expedientes, resoluciones y tr谩mites burocr谩ticos. Sin embargo, cuando un organismo de control concluye que una serie de decisiones provocaron un perjuicio econ贸mico para las arcas p煤blicas, el asunto deja de ser una cuesti贸n t茅cnica para transformarse en un problema pol铆tico.
Eso es lo que ocurri贸 en Jun铆n, donde el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires resolvi贸 formular un cargo solidario por $1.271.044,72 contra el intendente en uso de licencia Pablo Petrecca, el actual secretario de Gobierno Lisandro Benito y el contador municipal Mauro Jacobs.
La observaci贸n surge de un expediente vinculado al pago de honorarios profesionales de la abogada Nerica Oca, quien hab铆a intervenido representando judicialmente al Municipio. Seg煤n determin贸 el organismo provincial, los honorarios regulados deb铆an abonarse dentro de los plazos correspondientes, pero la falta de cumplimiento deriv贸 en una ejecuci贸n judicial que gener贸 intereses y gastos adicionales que finalmente terminaron siendo afrontados por las arcas municipales.
El punto central del fallo es que el Tribunal no encontr贸 elementos que acreditaran una situaci贸n financiera excepcional o una imposibilidad material de pago que justificara la demora. Por el contrario, concluy贸 que la conducta administrativa observada provoc贸 un perjuicio econ贸mico que podr铆a haberse evitado.
Uno de los aspectos m谩s comprometidos para la defensa de los funcionarios involucrados aparece en relaci贸n con Lisandro Benito. De acuerdo con la resoluci贸n, el propio funcionario manifest贸 no contar con antecedentes que justificaran el incumplimiento. Sin embargo, la documentaci贸n incorporada al expediente demostrar铆a que las resoluciones judiciales, las liquidaciones de honorarios y las intimaciones de pago hab铆an sido notificadas electr贸nicamente al entonces responsable del 谩rea legal.
Para el Tribunal de Cuentas, quien estaba al frente del 谩rea jur铆dica deb铆a informar al Departamento Ejecutivo sobre las sentencias, los plazos de cumplimiento y las consecuencias econ贸micas derivadas de no cumplir oportunamente con las obligaciones judiciales. La documentaci贸n analizada no acredit贸 que se hubieran adoptado medidas eficaces para evitar que la deuda siguiera acumulando intereses.
La responsabilidad tambi茅n alcanz贸 a Pablo Petrecca, en su car谩cter de administrador general de los recursos municipales, y a Mauro Jacobs por las funciones de control interno que le asigna la normativa vigente.
La resoluci贸n es particularmente dura en uno de sus conceptos centrales. El organismo de control sostuvo que la erogaci贸n cuestionada constituye un 芦acto personal禄 de los funcionarios involucrados y, por ese motivo, propuso desaprobar el gasto y formular el correspondiente cargo patrimonial para recuperar los fondos considerados perjudiciales para el erario p煤blico.
Aunque el monto observado puede parecer menor frente al presupuesto general de una ciudad, el caso vuelve a poner sobre la mesa una discusi贸n recurrente en la administraci贸n p煤blica: cu谩nto cuestan los errores, las demoras o las omisiones de quienes tienen la responsabilidad de gestionar recursos que pertenecen a los contribuyentes.
M谩s all谩 de las eventuales instancias de apelaci贸n o revisi贸n que puedan existir, la decisi贸n del Tribunal de Cuentas representa un fuerte llamado de atenci贸n sobre la gesti贸n administrativa municipal. Porque detr谩s de cada expediente observado no solamente aparecen n煤meros; aparece tambi茅n una pregunta que los vecinos tienen derecho a formularse: 驴cu谩ntos gastos podr铆an evitarse si las obligaciones legales se cumplieran en tiempo y forma?
Fuente: Informe period铆stico de Enclave.
