Las irregularidades administrativas suelen quedar ocultas entre expedientes, resoluciones y trámites burocráticos. Sin embargo, cuando un organismo de control concluye que una serie de decisiones provocaron un perjuicio económico para las arcas públicas, el asunto deja de ser una cuestión técnica para transformarse en un problema político.
Eso es lo que ocurrió en Junín, donde el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires resolvió formular un cargo solidario por $1.271.044,72 contra el intendente en uso de licencia Pablo Petrecca, el actual secretario de Gobierno Lisandro Benito y el contador municipal Mauro Jacobs.
La observación surge de un expediente vinculado al pago de honorarios profesionales de la abogada Nerica Oca, quien había intervenido representando judicialmente al Municipio. Según determinó el organismo provincial, los honorarios regulados debían abonarse dentro de los plazos correspondientes, pero la falta de cumplimiento derivó en una ejecución judicial que generó intereses y gastos adicionales que finalmente terminaron siendo afrontados por las arcas municipales.
El punto central del fallo es que el Tribunal no encontró elementos que acreditaran una situación financiera excepcional o una imposibilidad material de pago que justificara la demora. Por el contrario, concluyó que la conducta administrativa observada provocó un perjuicio económico que podría haberse evitado.
Uno de los aspectos más comprometidos para la defensa de los funcionarios involucrados aparece en relación con Lisandro Benito. De acuerdo con la resolución, el propio funcionario manifestó no contar con antecedentes que justificaran el incumplimiento. Sin embargo, la documentación incorporada al expediente demostraría que las resoluciones judiciales, las liquidaciones de honorarios y las intimaciones de pago habían sido notificadas electrónicamente al entonces responsable del área legal.
Para el Tribunal de Cuentas, quien estaba al frente del área jurídica debía informar al Departamento Ejecutivo sobre las sentencias, los plazos de cumplimiento y las consecuencias económicas derivadas de no cumplir oportunamente con las obligaciones judiciales. La documentación analizada no acreditó que se hubieran adoptado medidas eficaces para evitar que la deuda siguiera acumulando intereses.
La responsabilidad también alcanzó a Pablo Petrecca, en su carácter de administrador general de los recursos municipales, y a Mauro Jacobs por las funciones de control interno que le asigna la normativa vigente.
La resolución es particularmente dura en uno de sus conceptos centrales. El organismo de control sostuvo que la erogación cuestionada constituye un «acto personal» de los funcionarios involucrados y, por ese motivo, propuso desaprobar el gasto y formular el correspondiente cargo patrimonial para recuperar los fondos considerados perjudiciales para el erario público.
Aunque el monto observado puede parecer menor frente al presupuesto general de una ciudad, el caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en la administración pública: cuánto cuestan los errores, las demoras o las omisiones de quienes tienen la responsabilidad de gestionar recursos que pertenecen a los contribuyentes.
Más allá de las eventuales instancias de apelación o revisión que puedan existir, la decisión del Tribunal de Cuentas representa un fuerte llamado de atención sobre la gestión administrativa municipal. Porque detrás de cada expediente observado no solamente aparecen números; aparece también una pregunta que los vecinos tienen derecho a formularse: ¿cuántos gastos podrían evitarse si las obligaciones legales se cumplieran en tiempo y forma?
Fuente: Informe periodístico de Enclave.
