Una obra de desagües pluviales ejecutada por el Municipio de Alberti comenzó a despertar preocupación entre actores vinculados al ámbito ferroviario, quienes advierten sobre la cercanía de los trabajos con la infraestructura ferroviaria y reclaman que se revise si las intervenciones cuentan con todas las autorizaciones técnicas y administrativas correspondientes.
Según distintas fuentes consultadas, la profundización del zanjeo y el movimiento de suelo realizados en un sector lindero a las vías podrían generar inconvenientes si no se respetan los parámetros de seguridad exigidos para obras de estas características.
La inquietud no pasa únicamente por la obra hidráulica en sí, sino por el eventual impacto que podría tener sobre la estabilidad del entorno ferroviario y, en consecuencia, sobre la circulación de los trenes. Especialistas consultados sostienen que cualquier intervención cercana a una vía férrea requiere estudios específicos y, en determinados casos, la autorización de los organismos competentes vinculados al sistema ferroviario nacional, debido a que se trata de infraestructura bajo jurisdicción federal.
Por ese motivo, algunas voces plantean la necesidad de determinar si la Provincia de Buenos Aires o el Municipio avanzaron sobre un área cuya regulación excedería sus competencias y si existieron los permisos técnicos exigidos para intervenir en las inmediaciones del tendido ferroviario.
Excelente vínculo del gremio y el peronismo
A esta situación se suma otra polémica. Vecinos y fuentes cercanas al municipio aseguran que, para permitir el avance de los trabajos, habría sido destruida una huerta comunitaria libre de pesticidas que funcionaba en el lugar. Si bien el gobierno local presentó la intervención como una obra destinada a mejorar el escurrimiento de aguas pluviales, quienes cuestionan el proyecto sostienen que aún quedan numerosos interrogantes sin respuesta sobre su planificación, impacto ambiental y seguridad.
Otro aspecto que genera sorpresa entre trabajadores del sector ferroviario es el silencio de las organizaciones gremiales de la región. Algunos actores consultados se preguntan si la coincidencia política entre distintas autoridades podría estar influyendo en esa ausencia de cuestionamientos. Incluso recuerdan las gestiones políticas que, tiempo atrás, buscaban mantener una buena relación con determinados sectores sindicales, un dato que, sostienen, merece ser observado en el actual contexto.
Mientras tanto, crecen los pedidos para que los organismos competentes inspeccionen la obra, verifiquen el cumplimiento de las normas técnicas y determinen si las tareas ejecutadas respetan las distancias de seguridad, las competencias jurisdiccionales y los procedimientos establecidos para intervenir en las inmediaciones de una infraestructura estratégica como es el ferrocarril.
Cuando se trata de una vía en servicio, la prevención no debería ser una opción política sino una obligación técnica. Y cualquier duda sobre la seguridad de una obra merece respuestas antes de que los problemas aparezcan sobre los rieles.
