La empresa estatal bonaerense que adjudicó a Huawei un sistema de baterías por $31.200 millones tiene además un vínculo laboral según la oposición de Alberti, con el propio Germán Lago reconocido desde fines de los años 90. La compañía enfrenta antecedentes controvertidos y acciones judiciales vinculadas a su gestión. Ahora, el avance tecnológico abre otra discusión: ¿podría este modelo llegar a Alberti y extenderse sobre sistemas de monitoreo y vigilancia?
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La decisión del gobierno de Axel Kicillof de adjudicar a la china Huawei el sistema provincial de almacenamiento de energía volvió a poner bajo la lupa a Buenos Aires Energía S.A. (BAESA), la empresa estatal que interviene en la implementación del programa. La Provincia proyecta una inversión de $31.200 millones, con 25 MW de potencia y 125 MWh de almacenamiento distribuidos en Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento, con puesta en funcionamiento prevista para enero de 2027. Pero en Alberti aparece un dato político que agrega interés a la historia: Germán Lago, actual senador provincial y exintendente, es parte de la empresa que entonces se denominaba Centrales de la Costa Atlántica entre 1998 y 1999, podría estar vinculado al área de compras. La propia empresa señala que BAESA inició sus actividades en 2001 y que pertenece en un 99% al Estado provincial.
El vínculo de Lago con esa estructura energética no es, por lo tanto, una versión nacida ahora. Es un antecedente que el propio dirigente contó públicamente en una entrevista, donde explicó que aquella experiencia le permitió conocer circuitos administrativos, contrataciones, pagos y contaduría.
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Lo que sí debe ser tratado con prudencia es cualquier afirmación sobre su situación laboral actual: Lago conservaría un vínculo con BAESA desde 2001, pero esa circunstancia no aparece acreditada en el organigrama oficial actual de la empresa, donde no figura entre sus autoridades.
Ahora bien, BAESA también tiene un pasado que merece ser revisado. En el caso de la Central 9 de Julio de Mar del Plata, la Provincia auditó una contratación vinculada a ProEnergy y posteriormente BAESA llevó el conflicto a un arbitraje internacional. Existen, además, acciones judiciales relacionadas con exdirectivos de la compañía. Esos antecedentes no permiten afirmar por sí solos que la actual contratación de Huawei sea irregular, pero sí justifican una pregunta elemental cuando se trata de administrar recursos públicos: ¿qué controles, garantías y mecanismos de transparencia se aplicaron para seleccionar al proveedor y proteger los intereses del Estado bonaerense? La propia Provincia, de hecho, realizó en 2025 una jornada específica de integridad y transparencia para la alta gerencia de BAESA.
La incorporación de Huawei introduce además una discusión internacional que ya no puede ser ignorada. Estados Unidos mantiene desde hace años fuertes restricciones y cuestionamientos sobre la compañía por razones de seguridad nacional y espionaje tecnológico; Huawei, por su parte, ha negado las acusaciones. En 2025, un juez estadounidense permitió que continuara una causa penal federal contra la empresa por cargos que incluyen robo de secretos comerciales y otros delitos, que Huawei rechaza. También existen en Estados Unidos cuestionamientos sobre el alcance de la legislación china de inteligencia y las obligaciones de cooperación de empresas con las autoridades de ese país.
Alberti, con el avance del Centro de Monitoreo, la incorporación de cámaras y la discusión sobre las llamadas “ciudades inteligentes” pueden abrir un debate futuro sobre quién provee la tecnología, dónde se almacenan los datos, quién puede acceder a ellos, durante cuánto tiempo se conservan y qué controles existen sobre la información de los vecinos.Si la Provincia profundiza su relación tecnológica con empresas chinas, ¿qué modelo de infraestructura digital pretende trasladar a los municipios?
En ese sentido, el abogado Gustavo Arabia, planteo la duda para todos los municipios Kicillofistas :
https://elcensor.com.ar/2026/07/30/barenghi-abrira-bragado-a-las-camaras-y-redes-de-huawei/
Porque una cámara instalada en una esquina no es solamente una cámara cuando forma parte de una red inteligente: puede convertirse en un componente de un sistema mucho más amplio de identificación, almacenamiento y análisis de información. Y ahí la discusión deja de ser kirchnerismo contra libertarios, China contra Estados Unidos o Kicillof contra Milei. Pasa a ser una cuestión de derechos ciudadanos. La seguridad no debería ser utilizada como excusa para construir una sociedad vigilada, pero tampoco el miedo a la tecnología debería impedir herramientas que pueden prevenir delitos. El punto central es otro: quién controla al que controla.
Por eso, antes de que alguien proponga en Alberti una nueva generación de sistemas de vigilancia, sería razonable que los vecinos conozcan las respuestas: qué empresa suministra la tecnología, qué información captura, dónde se almacenan las imágenes, quién puede acceder a ellas, qué protocolos de ciberseguridad existen y qué ocurre con los datos cuando dejan de ser necesarios. La experiencia bonaerense con Huawei acaba de poner sobre la mesa una discusión que Alberti todavía puede dar a tiempo: modernizar una ciudad no debería significar entregar la privacidad de sus habitantes como precio de entrada a la llamada “ciudad inteligente”.
