Buenos Aires Energ铆a: penalidades por 11,7 millones de d贸lares y exdirectivos demandados
Seg煤n inform贸 Real Politik, La Plata, 28 de junio de 2026. Se deduce que la empresa estatal bonaerense Centrales de la Costa Atl谩ntica S.A. rebautizada como Buenos Aires Energ铆a S.A. (BAESA) dej贸 expuesto en sus propios estados contables un conflicto de alto voltaje econ贸mico y pol铆tico: penalidades millonarias aplicadas por la Compa帽铆a Administradora del Mercado Mayorista El茅ctrico (CAMMESA), un arbitraje internacional contra la contratista ProEnergy, un laudo desfavorable en lo central y acciones judiciales contra sus propios exdirectivos.
El caso tiene su origen en la puesta en marcha de las unidades generadoras TG 23 y TG 24 de la Central 9 de Julio, ubicada en Mar del Plata. Debido a demoras en la obra ejecutada por la firma ProEnergy, no se logr贸 cumplir con la fecha de habilitaci贸n comercial comprometida, lo que deriv贸 en duras sanciones econ贸micas por parte de CAMMESA.
Seg煤n los balances contables de la firma estatal, CAMMESA factur贸 cargos por incumplimiento de 210 millones de pesos y la reducci贸n de la facturaci贸n alcanz贸 los 11,7 millones de d贸lares.
Para intentar trasladar el costo de estas multas a la contratista, la empresa bonaerense hoy bajo la presidencia de Alexis Zuliani inici贸 un proceso ante la Corte Internacional de Arbitraje de la C谩mara de Comercio Internacional (CCI). Sin embargo, la resoluci贸n emitida por el tribunal no fue la esperada:
- Responsabilidad acotada: El tribunal determin贸 que la fecha de finalizaci贸n hab铆a sido prorrogada por acuerdo entre las partes, por lo que libr贸 a ProEnergy de responder por la mayor parte del per铆odo de demora.
- Sanci贸n m铆nima a la proveedora: ProEnergy solo fue hallada responsable por un tramo de diez d铆as de retraso no justificado, fijando un resarcimiento de 2,3 millones de d贸lares.
- Foco en la gesti贸n interna: El laudo concluy贸 que la mayor铆a de las penalidades aplicadas por CAMMESA derivaron de decisiones y gestiones aprobadas por el propio directorio de la empresa estatal en febrero de 2017.
Ante el adverso escenario, la controversia deriv贸 en la v铆a judicial. La compa帽铆a promovi贸 una denuncia penal ante la UFI N掳 2 de La Plata y una acci贸n social de responsabilidad (art铆culo 276 de la Ley General de Sociedades) radicada en el Juzgado Civil y Comercial N掳 4 de la capital bonaerense.
La demanda apunta directamente contra exdirigentes de la firma, entre ellos Maximiliano Davel, exdirector de Centrales de la Costa Atl谩ntica S.A., quien actualmente se desempe帽a en el 谩mbito de la consultor铆a privada a trav茅s de la firma Electra Consultores S.A.
El conflicto estalla en un contexto financiero delicado para la generadora bonaerense. Al cierre del ejercicio, la empresa estatal registr贸 una p茅rdida neta superior a los 8.200 millones de pesos, acompa帽ada por una ca铆da en la generaci贸n de energ铆a y una disminuci贸n del 28% en el uso de su parque generador.
La situaci贸n genera un inc贸modo contraste para la compa帽铆a, que en sus memorias anuales exhibe certificaciones internacionales de transparencia y sistemas de gesti贸n antisoborno (ISO 37001), mientras enfrenta balances en rojo, investigaciones penales y una demanda multimillonaria derivada de fallas en su propia gesti贸n de infraestructura.
