Buenos Aires Energía: penalidades por 11,7 millones de dólares y exdirectivos demandados
Según informó Real Politik, La Plata, 28 de junio de 2026. Se deduce que la empresa estatal bonaerense Centrales de la Costa Atlántica S.A. rebautizada como Buenos Aires Energía S.A. (BAESA) dejó expuesto en sus propios estados contables un conflicto de alto voltaje económico y político: penalidades millonarias aplicadas por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), un arbitraje internacional contra la contratista ProEnergy, un laudo desfavorable en lo central y acciones judiciales contra sus propios exdirectivos.
El caso tiene su origen en la puesta en marcha de las unidades generadoras TG 23 y TG 24 de la Central 9 de Julio, ubicada en Mar del Plata. Debido a demoras en la obra ejecutada por la firma ProEnergy, no se logró cumplir con la fecha de habilitación comercial comprometida, lo que derivó en duras sanciones económicas por parte de CAMMESA.
Según los balances contables de la firma estatal, CAMMESA facturó cargos por incumplimiento de 210 millones de pesos y la reducción de la facturación alcanzó los 11,7 millones de dólares.
Para intentar trasladar el costo de estas multas a la contratista, la empresa bonaerense hoy bajo la presidencia de Alexis Zuliani inició un proceso ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Sin embargo, la resolución emitida por el tribunal no fue la esperada:
- Responsabilidad acotada: El tribunal determinó que la fecha de finalización había sido prorrogada por acuerdo entre las partes, por lo que libró a ProEnergy de responder por la mayor parte del período de demora.
- Sanción mínima a la proveedora: ProEnergy solo fue hallada responsable por un tramo de diez días de retraso no justificado, fijando un resarcimiento de 2,3 millones de dólares.
- Foco en la gestión interna: El laudo concluyó que la mayoría de las penalidades aplicadas por CAMMESA derivaron de decisiones y gestiones aprobadas por el propio directorio de la empresa estatal en febrero de 2017.
Ante el adverso escenario, la controversia derivó en la vía judicial. La compañía promovió una denuncia penal ante la UFI N° 2 de La Plata y una acción social de responsabilidad (artículo 276 de la Ley General de Sociedades) radicada en el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de la capital bonaerense.
La demanda apunta directamente contra exdirigentes de la firma, entre ellos Maximiliano Davel, exdirector de Centrales de la Costa Atlántica S.A., quien actualmente se desempeña en el ámbito de la consultoría privada a través de la firma Electra Consultores S.A.
El conflicto estalla en un contexto financiero delicado para la generadora bonaerense. Al cierre del ejercicio, la empresa estatal registró una pérdida neta superior a los 8.200 millones de pesos, acompañada por una caída en la generación de energía y una disminución del 28% en el uso de su parque generador.
La situación genera un incómodo contraste para la compañía, que en sus memorias anuales exhibe certificaciones internacionales de transparencia y sistemas de gestión antisoborno (ISO 37001), mientras enfrenta balances en rojo, investigaciones penales y una demanda multimillonaria derivada de fallas en su propia gestión de infraestructura.
