Hay documentos que no necesitan estar escondidos para resultar difíciles de encontrar. Alcanza con que no estén donde deberían estar. Eso es lo que ocurre con la Ordenanza Nº 2712 de la Municipalidad de Alberti, sancionada el 12 de diciembre de 2025, mediante la cual el Concejo Deliberante convalidó un acuerdo entre el Departamento Ejecutivo y Consultora Integral Alberti S.A., relacionado con una parcela rural que podría incorporarse como Área Complementaria de la ciudad.
La norma no refiere a una cuestión administrativa menor. El acuerdo establece que la empresa deberá realizar una contribución al Estado municipal en concepto de Tasa de Contribución al Desarrollo Urbanístico Sustentable, una vez aprobada la incorporación de la parcela identificada como Circunscripción XI, Parcela 1222, Matrícula 1817, Partida Inmobiliaria 187. El pago, según el texto aprobado, deberá realizarse dentro de los tres meses, una vez definida la modalidad y cumplidas las aprobaciones provinciales correspondientes. La propia ordenanza señala además que el acuerdo y su posterior Adenda quedan convalidados por el Concejo Deliberante.
Pero cuando un vecino intenta acceder a esa información desde la página oficial de la Municipalidad de Alberti, la búsqueda se vuelve llamativamente complicada. La Ordenanza 2712 no aparece en el listado municipal de ordenanzas, pese a que existe una sección destinada precisamente a publicar este tipo de normas. Mientras tanto, el documento sí se encuentra en el Sistema de Boletines Oficiales Municipales de la Provincia de Buenos Aires (SIBOM), donde también aparece el Decreto Nº 1090, del 19 de diciembre de 2025, mediante el cual el Ejecutivo convalida el acuerdo con Consultora Integral Alberti S.A.
Y hay otro dato que merece ser puesto sobre la mesa. Consultora Integral Alberti S.A. no es una sociedad creada para este expediente: los registros disponibles indican que fue constituida en 2006 y que su actividad principal está vinculada con la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales. Una publicación societaria de 2013 consignó a Agustín Martín Masferrer como presidente y a Lidia Mabel Caputo como directora suplente.
Entonces aparecen varias preguntas que el municipio debería responder públicamente: ¿cuál es el monto de la contribución que debe pagar la empresa? ¿Qué destino tendrán esos recursos? ¿Qué superficie comprende la parcela? ¿Qué proyecto urbanístico se pretende desarrollar? ¿Cuándo fue presentada la iniciativa? ¿Qué funcionarios intervinieron en la negociación? ¿Cuál fue el contenido de la Adenda firmada el 14 de noviembre de 2025? ¿Y por qué una ordenanza de esta importancia no resulta fácilmente accesible desde el propio portal municipal?
No se trata de afirmar que exista una irregularidad donde todavía debe investigarse. Se trata de algo bastante más básico: que los vecinos puedan conocer qué se está aprobando sobre el territorio que les pertenece a todos.
Porque cuando una parcela rural cambia su condición urbanística, cuando existe una empresa privada involucrada y cuando el Estado municipal espera recibir una contribución económica a cambio de ese desarrollo, la información no debería circular como un secreto administrativo.
Debería estar a la vista.
¿ cuánto debe pagar exactamente Consultora Integral Alberti S.A. y qué establece la Adenda del 14 de noviembre de 2025? Esos dos documentos pueden revelar el aspecto económico del acuerdo y permitir la transparencia necesaria