ALBERTI. – En el marco de la agenda de transparencia institucional, el bloque de concejales de La Libertad Avanza formalizó la presentación de un Proyecto de Ordenanza ante el Honorable Concejo Deliberante de Alberti con el objetivo de establecer el régimen conocido como “Ficha Limpia”. La iniciativa, que ingresó formalmente bajo el expediente número 077 y lleva la firma del edil Ernesto Gómez, tiene como propósito central obturar el ingreso y la permanencia en la administración pública municipal a cualquier ciudadano que posea una sentencia penal confirmada en segunda instancia por delitos cometidos contra la administración pública.
El texto de la presentación argumenta que, dado que el cuerpo legislativo cuenta con normativas de control, resulta un contrasentido que las exigencias de integridad y ética pública no se apliquen de igual forma a quienes ejecutan el presupuesto local. En sus considerandos, la propuesta se apoya jurídicamente en los artículos 1º, 16º, 36º y 123º de la Constitución Nacional Argentina, así como en la Ley Nacional Número 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, señalando que la idoneidad constitucional requerida para el acceso a los cargos no es únicamente técnica, sino también estrictamente ética.
De aprobarse la ordenanza, las restricciones e inhabilitaciones alcanzarán de forma obligatoria a toda la primera línea de la planta política del Departamento Ejecutivo local. Esto incluye taxativamente al Intendente, secretarios, subsecretarios, directores, personal jerárquico, autoridades de entes descentralizados o sociedades con participación estatal, y a todo aquel ciudadano que ocupe un cargo de designación estrictamente política.
El articulado detalla que no podrán ser nombradas aquellas personas con condena firme en segunda instancia por delitos tales como cohecho, malversación de caudales públicos, fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública o encubrimiento agravado. Asimismo, la normativa estipula el cese automático de funciones para aquellos funcionarios que, estando en ejercicio de sus tareas, reciban una confirmación de condena por los delitos mencionados, debiendo el Departamento Ejecutivo proceder a su inmediata sustitución.
Para garantizar el cumplimiento efectivo de la norma, el régimen obligará a los postulantes a presentar, de forma previa a su designación, un certificado actualizado de antecedentes penales, una declaración jurada de inexistencia de inhabilitación judicial y una declaración jurada patrimonial. A su vez, se establece que el Municipio, a través de la Secretaría de Gobierno como autoridad de aplicación, deberá realizar verificaciones y controles periódicos anuales sobre la situación judicial de toda la planta política comprendida. Tras haber tomado estado parlamentario con su correspondiente sello de entrada, el proyecto deberá ser derivado a las comisiones internas del legislativo para su debate y dictamen antes de poder ser tratado en el recinto por el resto de los bloques políticos.
